Publicado el 4-3-2020
Transitando el conflictivo camino de la regulación
Por Hernán Cahais
Hola, ¿Cómo andan? En primer lugar quiero agradecerles por la repercusión y comentarios de buena fe de la nota “Cuidemos el bolsillo: Discutamos el salario real.” Creo necesario aclarar algunos conceptos que se prestaron a confusión: nosotros compartimos –y expusimos en la nota- que los aumentos salariales corren detrás de la inflación, es decir, la actualización salarial es ex post al aumento de precios. Lo que nosotros tomamos en cuenta es que la disputa por la renta vía precio- salario es dinámica y que luego de un efecto viene su respuesta –aumento de precios nuevamente-. Es por esto que para cortar con esa cadena creíamos interesante analizar la política económica y discurso público, vía Hugo Yasky, del gobierno entrante en torno a la desindexación en pos de frenar la inercia inflacionaria, aplicando política de actualización salarial a través de la implementación de montos fijos. Nuestro análisis se fundamenta en discursos y en medidas que comienzan a verse en apenas tres meses de gobierno, veremos como continua.
Una vez aclarada esta postura, voy a ahondar un poco más profundo en el análisis de los niveles de concentración productiva en los principales componentes del consumo de los trabajadores, y en los mecanismos en los que el Estado Nacional puede ir trabajando en pos de terminar con esos poderes de mercado.
El nivel de concentración en nuestro país es alarmante: el 80% de los panificados está en manos de una sola empresa (Bimbo), dos empresas cubren el 60% del mercado de galletitas (Bagley y Kraft - Mondeley), el 75% del mercado cervecero es cubierto por una empresa (Quilmes), en lo que respecta a productos de limpieza cuatro empresas cubren el 83% (Unilever, Johnson & Son, P&G y ReckitBenckiser), en cuanto a gaseosas dos empresas cubren el 82% del mercado (Coca Cola y Pepsi), dos empresas cubren el 82% de la producción de leche (Mastelone/ La Serenisima y Sancor). [Del monetarismo extremo a los controles de precios, CEPA]. Difícilmente se pueda comenzar a desacelerar el proceso inflacionario cuando en una economía nacional se encuentran estos grados de concentración productiva, aunque ésta no sea su causa.
Cabe destacar que las grandes compañías no tienen capacidad ilimitada de formar precios, por más que el control estatal brille por su ausencia: por ejemplo, durante el gobierno de Macri donde la demanda cayó estrepitosamente y la estructura de costos se vio fuertemente afectada vía devaluación y tarifas, muchas de estas grandes empresas han arrojado pérdidas millonarias en sus balances -como el caso de Arcor y Molinos-. Pero que no puedan trasladar a precios todo, no indica que no tengan posición dominante en el mercado, de hecho lo que sucede es que venden a un precio superior al que cobrarían si hubiera competencia. Es por esto que seguimos abogando por un Estado Nacional regulador, en donde sea participe en el conflicto distributivo y pueda direccionar sus efectos en la sociedad.
En este sentido vemos con buenos ojos la sanción de la Ley de Góndolas en donde lo que se promulga es evitar la concentración de grandes compañías en las góndolas de los supermercados, aumentar la oferta y variedad de productos, dinamizar las posibilidades de crecimiento de empresas pymes, y aumentar la competencia, promoviendo la reducción de los precios.
“Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de la posición dominante”. Alberto Fernández.
Otra política que está volviendo a resurgir, luego del apocalipsis macrista, es la de Precios Cuidados. Este programa lanzado en el año 2014 por la Secretaria de Comercio tiene como objetivo establecer una serie de precios de referencia en los principales bienes de consumo masivos, en pos de brindarle al consumidor mayor posibilidad de elección a un precio estable del producto que lleva. Cabe destacar que la canasta de Precios Cuidados no es una canasta de ofertas ni una canasta que tenga como objeto mejorar los consumos saludables; sino que establece precios de referencia en los productos que más consume la sociedad per ce.
Si bien estas medidas son buenas señales de regulacionismo estatal, llevando justicia a donde hay abusos, no nos podemos conformar ni mucho menos, debemos seguir insistiendo en implementar nuevas políticas que permitan desagregar la cadena de valor para actuar en cada eslabón, fomentando la competencia y los derechos del consumidor.A su vez, creo necesario remarcar que a una fuerza se le debe oponer otra fuerza más fuerte para doblegarla, y es por esto mismo que el Estado debe poseer, más allá de su voluntad, la capacidad política –poder- de enfrentarse a estos sectores y a todo su poder de lobby.
Recientemente se ha vuelto a poner sobre la mesa el discurso de “los 4 vivos generadores de inflación”: nuestra postura es que estos grupos concentrados están atando sus expectativas de rendimientos a la variable tipo de cambio (alguno de ellos) produciendo saltos de precios, pero no así lo que se denomina inflación. Sostenemos que para aplicar una política antiinflacionaria consistente y duradera, es necesario que se efectivice el Pacto Social propiciado por el presidente Fernández, a modo de definir reglas claras de quien gana, cuánto gana y sostener ese modelo en el tiempo, para de este modo se logre evitar pendular entre políticas y objetivos contrapuestos. En otras palabras, lo que se debe hacer es ordenar la macroeconomía de nuestro país.